Aquí posteo una noticia de suma importancia para América Latina en general (esperemos que esto no sea el inicio de una nueva ola represora en la región) y para México en particular (que desafortunádamente es el caso que nos afecta diréctamente). Es necesario que todos estemos informados y atentos de las jugadas que nuestros políticos cretinos quieren implementar para el control de la población civil.

Con esta nueva "reforma de suguridad" (que nuestros legisladores quieren hacer pasar en el Congreso en las vísperas de Pascua, mientras que todos nosotros estamos desconectados de la realidad por nuestras merecidas vacaciones), prácticamente se está legalizando la represión en contra de la población civil, con el pretexto de defender la estabilidad del Estado Mexicano (al parecer estos sinvergüenzas entienden que el Estado Mexicano son todos los funcionarios públicos de alto rango, políticos asociados a algún partido político y los líderes monopólicos).

A mi parecer este tipo de reformas tal ves podrían justificarse, cuando las cosas estén viento en popa, y la población misma no tuviese ningún motivo para hacer un movimiento en contra del status quo. Pero todos sabemos que las cosas en nuestro país no marchan en esa dirección. Por un lado tenemos la guerra contra el narco que desangra a la nación (no sólo los "villanos" resultan muertos, cuántos civiles y cuántas autoridades han vertido su sangre en ese jueguito ridículo), y por el otro tenemos la corrupción de toda la clase política (sin importar qué partidos sea), que es en la opinión de todos, la responsable de que México esté cayendo a un barril sin fondo mientras que la brecha de la desigualdad social se hace cada vez más ancha y profunda (los ricos son muy ricos, los pobres son más pobres, y nosotros la clase media, sentimos como cae paulatinamente el peso sobre nuestros hombros de tener que sacar a flote el país con nuestros impuestos cada vez más altos, al mismo tiempo que engordamos los bolsillos de las ratas que constituyen las élites políticas y económicas).

La reforma en sí lo que propone es dar autoridad plena para que el presidente envíe al ejército y a la marina a reprimir cualquier tipo de movimiento, sea de índole social, laboral, político y electoral, simultaneamente el ejército va a tener facultades de poder parar a cualquier persona en la calle y catear sus pertenencias.

Del mismo modo se plantea que el ejército y la marina pueda intervenir y bloquear comunicaciones previa orden judicial (el espionaje telefónico va a estar permitido, al mismo tiempo que, en una lectura más amplia, podemos sospechar que la tirada puede llegar más lejos con la censura y el espionaje a internet).

¿Qué es lo que teme nuestra clase política? ¿Es que acaso ven las cosas tan mal y ya vislumbran en un futuro más o menos cercano movimientos sociales como los que se están dando en parte de África? ¿De plano su conciencia está tan sucia como para tratar de evitar cualquier movilización social en contra de sus intereses?

Acá para los que quieran leer la nota completa se las dejo.

Reforma legal, riesgo para protestas sociales y políticas

Periódico La Jornada
Jueves 21 de abril de 2011, p. 2

El proyecto de dictamen de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional abre la posibilidad de que el Presidente de la República solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando considere que constituyan un desafío o amenaza a la seguridad interior.

El proyecto de dictamen a la minuta del Senado que modifica la citada ley, también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.

Asimismo, como lo solicitó el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, a la comisión del ramo, concede a las fuerzas armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información con cualquier herramienta que resulte necesaria, pero señala que el mando de esas acciones recae en el Ministerio Público.

Además, prevé que tanto el Cisen como militares y marinos puedan contar con informantes anónimos y que, para sus actividades de inteligencia y contrainteligencia, puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección.

También, las comisiones que revisan la minuta del Senado añadieron un artículo quinto transitorio para definir que, si en un periodo de 90 días a partir de la entrada en vigor de las reformas, los gobiernos de las entidades con presencia del Ejército no solicitan al Ejecutivo la declaratoria de riesgo a la seguridad interior, los operativos cesarán y los militares deberán regresar a sus cuarteles.

El proyecto de dictamen –a revisión por un grupo de trabajo de cinco comisiones de la Cámara– incluyó cuatro definiciones sobre los riesgos a la seguridad interior.

Entre éstas destaca el concepto de desafío, como el obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano, y el de amenaza, como el obstáculo que atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano.

Con ese contexto, se pretende añadir a la minuta dos excepciones sobre la actuación de las fuerzas armadas en el libre tránsito de personas, mercancías y movimientos sociales o políticos, e incluso conflictos laborales.

Así, el artículo 74, fracción VII, en su párrafo segundo, establece:

No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.

El mismo caso se aplica en un nuevo párrafo al artículo 82, que señala:

La circulación de efectos, bienes o mercancías no podrá ser objeto de restricciones o prohibiciones, salvo cuando exista una declaratoria de afectación a la seguridad interior y sean necesarias para enfrentar desafíos o amenazas.

Los legisladores que presentaron el proyecto definen la seguridad interior como “el estatus de tranquilidad y paz social en el que las personas, sus derechos y bienes jurídicos tutelados por la Constitución y las leyes se encuentran protegidos debido a las acciones que despliega el poder público… lo que permite brindar a la población certeza en que el desarrollo de su vida gregaria habrá de darse en condiciones de tranquilidad, porque las instancias civiles y militares se encuentran alertas para detectar, identificar, desactivar o combatir los peligros que pudieran afectarla”.

Aun así, advierte que la seguridad nacional debe ser asumida como responsabilidad de todos y en ese sentido se establece la obligación de los habitantes del país de colaborar en su preservación y prevención, por lo que introduce el concepto de prevención social para que la sociedad se vea obligada a colaborar en las investigaciones judiciales y militares, y respetar los valores y las instituciones.

Nuevos poderes al Cisen

El citado proyecto incluye un capítulo para fortalecer las facultades del Cisen que –se plantea en la exposición de motivos– actúa en un marco legal que fue superado rápidamente o, dicho de otra manera, la ley privilegió la regulación del centro y no la integralidad de la función de seguridad nacional.

Los legisladores plantean que debe erradicarse la idea de que en México los servicios de inteligencia constituyen una labor de espionaje e intromisión a la vida privada de las personas, pero que, si ello llega a ocurrir, es un delito que debe sancionarse.

Ejemplos comunes

Por el contrario, añade, la inteligencia es una tarea especializada que consiste en obtener información por medios lícitos cuya sistematización, análisis y valoración puede alertar sobre posibles peligros a la sociedad, desde la existencia de un fenómeno meteorológico, un incendio interno o transfronterizo fuera de control, una enfermedad que afecta organismos vegetales, animales o a las personas; un desastre nuclear como el que se está viviendo (en Japón), hasta la agresión de grupos terroristas, una emergencia alimentaria o una crisis económica de graves consecuencias, por señalar ejemplos comunes.

En ese sentido, se incluye un artículo, el 19 –que tampoco formaba parte de la minuta del Senado–, para ampliar la influencia del Cisen.

Entre las nuevas facultades que se le otorgarían están el preparar estudios de carácter político, económico, social y demás que se relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para alertar sobre obstáculos a la seguridad interior.

También, proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de obstáculos que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el estado de derecho.

Además, brindar asesoría y prestar servicios en materia de control de confiabilidad a las instancias y a otras instituciones y autoridades del Estado mexicano, y asimismo hacer uso de información anónima y de colaboración de terceros para la operación de tareas de inteligencia.

La modificación considera que la información recabada por el Cisen, el Ejército Mexicano y la Marina en tareas de espionaje deberán clasificarse como reservadas.