Sólo el juez marplatense Víctor Pagela rechazó la herramienta legal tras esgrimir cuestiones de conciencia personal, informó ayer a la agencia DyN la diputada nacional por Libres del Sur, Cecilia Merchán, una de las impulsoras de uno de los proyectos de ley que el Congreso debatirá el mes próximo.
Por la tarde, un grupo de mujeres, encabezadas por dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), realizó una marcha a la Plaza de Mayo para exigir el cambio en la ley que penaliza la interrupción de embarazos. En todos los países americanos se desarrollaron ayer marchas en favor del aborto.
"La recepción en los tribunales fue, en general, muy positiva. El impacto que ha generado la iniciativa en cada localidad habla a las claras de la urgencia que tiene la sociedad por tratar" la legalización del aborto, agregó Merchán.
Pedido de reforma
"Siendo nosotras mujeres en edad reproductiva, manifestamos que en caso de quedar embarazadas vamos a recurrir a la interrupción" de la gestación, "a través de abortos voluntarios, de modo que quedaremos imputadas de los delitos que mencionamos", señala el escrito presentado en la ciudad de Buenos Aires ante el juez penal Ricardo Pinto.
Para la agrupación Mujeres Juana Azurduy, la penalización del aborto vulnera también los derechos "a gozar del más alto estándar de salud y de los beneficios del progreso científico, de recibir e impartir información, a la educación, a la libertad religiosa y de conciencia".
También entienden que están afectados los derechos a "decidir el número de hijos e intervalo entre los nacimientos, a la intimidad y autonomía reproductiva, a la no discriminación y a la igualdad, y a una vida libre de trato inhumano o degradante".
"Para que nuestro país cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, se requiere urgentemente una reforma que garantice nuestro acceso al aborto legal, seguro y gratuito y que otorgue acceso a anticonceptivos e información adecuada", concluyó la demanda.
En Córdoba, donde 150 mujeres firmaron la petición que se entregó en la sede de Tribunales II de la capital provincial, también se desarrolló una movilización frente a la sede del arzobispado local.
"Muchas mujeres con dinero y las que gozan de una protección social por tener prepagas u obras sociales también pasan por esta decisión alguna vez en su vida; pero son las más pobres las que resultan criminalizadas", dijo a Télam Sonia Lascano, coordinadora en Río Negro del movimiento que nació hace cuatro años en distintos puntos del país.
Fuente:http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1309384
